Con el peligro siempre latente de un nuevo golpe militar y un sindicalismo que había pactado con los genocidas, Alfonsín resolvió sacar cualquier proceso a los causantes del terrorismo de estado de la órbita militar, donde los uniformados y sus socios civiles querían que permaneciera. De esta forma fue un tribunal civil, la Cámara Federal, la que sesionó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985, recabando datos, testimonios, con los fiscales Julio César Strassera y Luis Gabriel Moreno Ocampo trabajando de sol a sombra (quienes vivimos aquellos momentos no olvidamos).
El tribunal estaba compuesto por los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D’Alessio. El 30 de noviembre de 1985, el presidente Alfonsín y su par brasilero José Sarney firmaron la Declaración de Foz de Iguazú, piedra fundacional del Mercosur. Unos días más tarde, el 9 de diciembre de 1985, el titular (cargo rotativo)del tribunal, León Carlos Arslanián, leyó la sentencia. Aún hoy, ese proceso es considerado el más importante en el mundo después del entablado en el Tribunal de Nüremberg contra los jerarcas nazis, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.
El impulsado por Alfonsín fue un hecho sin precedentes en época de transiciones negociadas (en Uruguay, Chile -Pinochet fue declarado senador vitalicio ya en democracia-, Brasil, España, Portugal, Sudáfrica, etc). La muerte de Videla debe servir para algo. Por lo menos recordar aquellos días durante los cuales aún vivíamos en peligro, luego de la larga noche de la dictadura. Por esas ironías del destino, quienes entonces abogaban por pactar, hoy gobiernan la Argentina, encabezados por una mujer que con su marido - en aquellos tiempos oscuros- se codeaban con los interventores militares de la provincia de Santa Cruz y se aprovechaban de una ley de la dictadura para quedarse con las casas de los más pobres.
