El 8 de julio de 1884, hace 130 años, fue promulgada la ley 1.420 que ordenaba la educación primaria, gratuita y gradual para todo el territorio de la República Argentina. Aquella norma madre, copiada en varias naciones del mundo, estableció además la neutralidad educativa en materia religiosa -quienes querían podían recibir instrucción de este tipo, pero fuera del horario escolar- y abrió un camino por el que transitaron millones de alumnosargentinos. Los mejores intelectuales continentales del siglo XX se formaron en las escuelas fundadas gracias a un sistema rentístico, que luego -con gobiernos más preocupados en meter la mano en la lata- se fue deteriorando hasta desaparecer. Pero hay algo que vale recordar en estos momentos: la ley 1.420 fue el fruto de la pasión de hombres que estaban en distintos bandos, que discutieron ferozmente, pero a quienes unía el sentido estratégico que la educación tenía para un país que aspiraba a la civilización.
La Argentina tenía muy buenos antecedentes en la materia desde los tiempos de la Revolución de Mayo, como la fundación de escuelas por José de San Martín y Manuel Belgrano cuando las tareas emancipadoras se lo permitían. Aquellos visionarios hicieron lo que pudieron en un país que se estaba formando. Tuvo que pasar más de medio siglo para la creación masiva de escuelas nacionales durante el gobierno de Mitre, y ya entonces Sarmiento había fundado algunas rurales y de frontera (el 9 de julio de 1839, las chicas anotadas en el Colegio de Señoritas, en San Juan, inauguraron el guardapolvo blanco que se iba a convertir en el símbolo de la educación pública argentina). Cuando le tocó ser presidente, Sarmiento -que contó con dos ministros de Educación: Juan Albarracín y Nicolás Avellaneda- sembró el país de escuelas primarias y normales, creó becas para estudiantes pobres, introdujo las artes y las ciencias en los programas, dotó de recursos a las universidades, abrió cursos nocturnos para adultos, instaló las primeras cien bibliotecas populares. Es decir que entre 1874 y 1880 hizo más por la educación del país que lo que hicieron quienes lo critican desde hace más de un siglo.
Desde que Julio Argentino Roca asumió la presidencia el 12 de octubre de 1880 hasta que entregó la banda en 1886, tuvo tres ministros de Educación, pero quien más se mantuvo en el cargo y llevó adelante la sanción de la ley fue Eduardo Wilde. En 1882 se realizó en Buenos Aires el Congreso Pedagógico, antesala del tratamiento de la norma en el Congreso. Después de interminables debates que son un placer leer por la jerarquía intelectual -la discordia fundamental era la cuestión religiosa- fue sancionada la ley que universalizó la educación pública y gratuita en la Argentina. Cabe destacar que también introdujo la noción de las clases mixtas de varones y mujeres, ordenó la creación de escuelas de adultos en buques, fábricas, guarniciones militares y cárceles, determinó la fundación de escuelas ambulantes para la campaña, entre otras cuestiones, además de las fundamentales.
En 1934, el gobierno de Agustín P.Justo, surgido del golpe de Uriburu contra el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen, le dió un golpe tremendo al sistema rentístico de la educación nacional. Lo sacó de su órbita y lo mandó a Rentas Generales. Alli comenzaba otra historia. Lo cierto es que hoy podemos recordar aquellos febriles debates parlamentarios, en donde los bandos contrarios tenían muy en cuenta qué cosas calificaban como cuestiones de estado y actuaban en consecuencia. Claro que en la actualidad, al ver como en el mismo Parlamento los legisladores oficialistas se abroquelan para defender a un funcionario procesado por presuntos delitos de corrupción, lo de aquellos diputados y senadores de hace 130 años parece un cuento de los hermanos Grimm. Y sin embargo no es así. O como diría un Ripley argentino: aunque usted no lo crea.
(Publicado en el diario La Razón, de Buenos Aires)
