Por Humberto Acciarressi
Al momento de escribir estas líneas, un nene de once años lucha por su vida en un hospital de La Plata. Su nombre es Kevin, pero podría ser cualquier otro. Su historia, como en uno de los círculos infernales de Dante, se repite hasta el infinito en una Argentina en la que los accidentes (perdón, los crímenes) viales están entre los primeros del planeta. El chico -ahora conectado a un respirador artificial y con severo traumatismo de cráneo- fue atropellado por un tipo de 31 años, que luego del hecho aceleró, escapó y escondió su coche debajo de una lona. Para colmo, el vehículo no tenía los papeles en regla, carecía de seguro, no tenía la verificación técnica (la famosa "vtv") y la cédula verde se encontraba vencida. Quizás por uno de esos "errores" que a veces se cometen, el sujeto fue apresado. Pero no te preocupés, el hecho fue subsanado. Estuvo en la comisaría un rato y ya está en su casa.
Todos los días ocurren sucesos similares de acuerdo a los últimos datos de organismos no gubernamentales (los del estado ni tienen cifras). Para la asociación civil Luchemos por la Vida, en estadísticas que llegan hasta enero de este año, los muertos en accidentes de tránsito arriban a los 21 diarios y a los 634 mensuales. Y las mayorías kirchneristas en ambas Cámaras parlamentarias tienen cajoneados varios proyectos, incluyendo uno presentado por las Madres del Dolor que espera el mero tratamiento. Para ser justos, la oposición no realiza mucho más. Este asunto no está en la agenda política. A pesar de que cada vez que alguien muere por este motivo se arma un escándalo mediático, éste rápidamente se pierde en el dolor de una, dos o tres familias que quedan al arbitrio de leyes que profundizan cualquier desgarramiento.
Y basta recordar lo arbitrario de la Justicia en esta materia con el reciente caso de Lucas Trasancos, el criminal que mató a dos jóvenes (Jacobo Ramos y Viviana Alvarez, de 21 y 25 años respectivamente) que cruzaban en moto, con casco y luz verde la avenida Rivadavia, con su Audi TT que venía pasando semáforos en rojo y a 170 kilómetros por hora. Los jueces del Tribunal Oral Criminal 7 no hicieron caso al pedido de la querella de 25 años de prisión por homicidio simple por dolo eventual y asumieron que Trasancos -que además manejaba drogado- fuera condenado por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción antirreglamentaria. Dicho en criollo, le bajaron la pena a cuatro años y el asesino se fue a su casa tranquilo y salió por la puerta de atrás con los jueces del tribunal.
Y así convivimos con asesinos viales que esperan el proceso en libertad, que luego reciben la menor de las penas, y para colmo pueden seguir conduciendo. No hace mucho escribimos que entre 1990 y 2012, en España los muertos en accidentes de tránsito disminuyeron en un 79%, en Suecia un 63%, en Holanda un 59%, en Estados Unidos un 25%. Mientras, en la Argentina, la cifra de disminución es patética: 0%. Ni al menemismo ni al kirchnerismo les interesó hacer algo en la materia. Con casi 8.000 muertos por año, y más de 120.000 heridos anuales de distinto grado, será muy difícil introducir en "el relato" algún logro en la materia. De hecho, además de los conductores criminales, hay centenares de rutas argentinas en las que no debería transitar ni un monopatín y no sólo lo hacen autos y camiones, sino micros de corta y larga distancia repletos de gente. Me gustaría que no ocurriera así, pero supongo que no será la última vez que voy a escribir sobre esta cuestión.
(Esta columna fue publicada en el diario La Razón y también podés leerla acá)
